Los periódicos de la derecha (con alguna honrosa excepción digital) están pasando de puntillas sobre la declaración de inconstitucionalidad del primer estado de alarma decretado por el sanchismo. Esta ilegalidad, en cualquier democracia más aseada que la nuestra, hubiera acarreado la inmediata dimisión del gobierno, con su presidente a la cabeza. Pero aquí la derecha (salvo Vox, que lo denunció en el Tribunal Constitucional) ha evitado el ruido. Al fin y al cabo fueron colaboradores necesarios de tamaño abuso de poder.
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