En cualquier país medio decente hubiera dimitido el Gobierno en pleno. No en España, donde todos los desmanes del Gobierno (en especial si es de izquierdas) están permitidos, por mucho que sean condenados por el Tribunal Constitucional, como es el caso actual.
Hasta la oposición (salvo Vox que lo denunció) debería dimitir, por haber consentido con sus votos, o con su abstención (el PP) que los derechos de los ciudadanos se vieran sodomizados por el llamado estado de Alarma y, en esta segunda ocasión, por nada menos que seis meses.
Todavía no han pasado veinticuatro horas desde la sentencia y en muchos de los digitales que consulto la noticia ya ha sido relegada a segundo plano. Los medios, una vez más son los colaboradores necesarios e incondicionales del Gobierno y de los partidos.
Cuando el Constitucional tumbó el primer estado de Alarma, el que tuvo a la población confinada a cal y canto durante semanas, no pasó nada, no hubo repercusiones políticas, ni mucho menos dimisiones. Nada extraño pues que ahora pase exactamente lo mismo.
A los políticos con mando en plaza, en realidad, lo que más les ha molestado es tener que devolver el importe de las multas abusivas que perpetraron durante los periodos en los que fueron los dueños absolutos de la nación y de las vidas de los ciudadanos; los meses en que se pasaron los derechos constitucionales y las formalidades democráticas por el arco del triunfo.
Pero, tranquilidad, no pasa nada. En España, país del servilismo y de la servidumbre política, nunca pasa nada. Y, en cualquier caso, qué iba a pasar. ¿Iba a dimitir el Gobierno en pleno y se iban a convocar nuevas elecciones que, a juzgar por los antecedentes, bloquearía políticamente al país durante largos meses sino años?
¿Qué broma es esta?
