Fijaros en lo que acaba de decir el Tribunal Supremo. Si es que, a estas alturas, a alguien le importa lo que diga el Tribunal Supremo: las multas que se impusieron por saltarse el confinamiento fueron ilegales y deberán ser devueltas en su totalidad. Y no sólo eso. También las centenares de condenas de cárcel por desobedecer, ignorar o enfrentarse a los agentes de la autoridad por negarse a quedarse en casa serán anuladas si son recurridas. Han dicho los del Supremo, atención, que la orden que prohibía deambular por la calle era “antijurídica”. Pero todo esto ya lo había dejado claro, tiempo atrás, el Tribunal Constitucional.
Los decretos recetando el Estado de Alarma perpetrados por Sánchez y su Gobierno fueron ilegales porque supusieron una suspensión de derechos fundamentales. ¿Puede un gobernante imponer ilegalidades a la ciudadanía? En España sí, sin problemas. ¿Ha tenido alguna repercusión jurídica o siquiera política para el desconsiderado Sánchez el haber perpetrado semejantes ilegalidades? En absoluto. Campa a sus anchas. Y hasta saca pecho. ¿Es que acaso no hay oposición en España? me diréis. Si la hay, según parece, pero no ejerce como tal. Ella, la oposición, fue colaboradora necesaria del prepotente Sánchez. Le dio una palmadita en la espalda: Adelante, Sánchez, haz de tu capa un sayo le dijeron. Y bien que se la hizo el castizo presidente. ¿Y la gente, la ciudadanía, no ha protestado? De ninguna manera. Es el temor reverencial al poder propio de España, inscrito en el código genético de sus habitantes. ¿Y de dónde le viene semejante tara al español? ¿No lo adivináis?
