El Gobierno, con su
presidente a la cabeza -como es lógico- aprobó por decreto una amnistía fiscal
de la que se beneficiaron, entre otros, lo más granado de la corrupción
política y económica de la nación. Cinco años más tarde (qué prisa hay en
realidad), el Tribunal Constitucional ha sentenciado que ese decreto era
contrario a la Constitución en vigor. Una semana después de la sentencia, el
presidente del Gobierno y su ministro de Hacienda, siguen en sus puestos. Suma
y sigue. ¿Algún problema?
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